Los juicios masivos del régimen de excepción abren nuevas interrogantes sobre el sistema judicial de El Salvador. Abogados defensores denuncian que fiscales y jueces limitan sus posibilidades de cuestionar las pruebas contra miles de detenidos. El mecanismo busca procesar a más de 92 mil personas capturadas durante cuatro años de una política gubernamental que transformó la seguridad del país.
Cuatro expedientes revisados por El País reúnen a 1.226 procesados. La Fiscalía acusa a 134 de organizaciones terroristas y a 1.092 de agrupaciones ilícitas. Todos ingresaron a prisión entre marzo de 2022 y mayo de 2023. De esos casos, solamente dos capturas respondieron a órdenes judiciales o de aprehensión.
El Salvador enfrenta dudas sobre las pruebas
Los expedientes muestran que agentes detuvieron a numerosos sospechosos durante patrullajes y posteriormente consultaron registros policiales que los identificaban como pandilleros. Defensores cuestionan esas fichas porque aseguran que las autoridades no permiten comprobar cuándo, cómo ni con qué información las elaboraron.
También señalan que algunas acusaciones combinan esas fichas con testimonios policiales y declaraciones de testigos protegidos. Un mismo testigo puede identificar mediante fotografías a cientos de procesados, de acuerdo con abogados entrevistados.
Además, los defensores denuncian acceso limitado a los expedientes completos. Algunos reciben la acusación apenas uno o dos días antes del juicio. El temor también dificulta conseguir testigos de descargo, pues familiares y conocidos temen enfrentar investigaciones por defender a un acusado.
Organizaciones cuestionan las garantías judiciales
Cristosal sostiene que estas condiciones impiden una defensa efectiva y denuncia que algunos jueces rechazan recursos presentados por abogados. Varios defensores consideran que tendrán mayores posibilidades de cuestionar las condenas durante las apelaciones.
Organizaciones humanitarias también han denunciado detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones y muertes bajo custodia. En marzo, expertos acusaron al Gobierno de Nayib Bukele ante Naciones Unidas de cometer crímenes de lesa humanidad.
Ibrajim Bukele afirmó en abril que un equipo gubernamental revisa individualmente casos de detenidos. Señaló que participan la Fiscalía, Justicia, Centros Penales y personal del despacho de la primera dama. Sin embargo, ningún tribunal controla ese mecanismo.
Mientras el Gobierno defiende su estrategia contra las pandillas, abogados y organizaciones reclaman procesos individuales. Miles de detenidos siguen esperando sentencias tras años encarcelados, mientras defensores cuestionan públicamente la independencia judicial y las garantías procesales disponibles.
