La exigencia de mayores recursos para las universidades públicas provocó una nueva movilización nacional en Argentina. Estudiantes, profesores y autoridades académicas denunciaron que el Gobierno de Milei continúa incumpliendo una ley de financiamiento respaldada por el Congreso y la justicia.
La quinta marcha federal universitaria reunió a cerca de un millón de personas, según sus organizadores. En Buenos Aires, la jornada terminó entre gases lacrimógenos, camiones hidrantes y enfrentamientos frente al Congreso.
La justicia exige al Gobierno de Milei financiar universidades
El conflicto comenzó con los recortes presupuestarios que afectan a las instituciones públicas desde finales de 2023. Diversas estimaciones calculan una reducción cercana al 25% de sus recursos.
Para revertir el ajuste, el Congreso aprobó una ley que contempla actualizaciones salariales, becas y financiamiento acorde con la inflación.
El presidente intentó bloquearla mediante un veto, pero los legisladores ratificaron su aprobación.
Desde entonces, seis votaciones parlamentarias y cuatro resoluciones judiciales han respaldado su cumplimiento. Aun así, el Ejecutivo mantiene su negativa y argumenta que los aumentos afectarían el equilibrio fiscal.
Una movilización pacífica termina con detenidos
La protesta congregó a estudiantes, sindicatos docentes, organizaciones sociales y representantes de las principales centrales obreras.
También participaron colectivos de personas con discapacidad y sectores que rechazan otras medidas económicas del Gobierno.
Frente al Congreso, el rector de la Universidad de Buenos Aires, Ricardo Gelpi, denunció el deterioro de la educación pública y sus consecuencias para el desarrollo científico.
Franco Bartolacci, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, cuestionó que las autoridades ignoren las decisiones legislativas y judiciales.
La concentración transcurrió pacíficamente hasta que un grupo de encapuchados lanzó piedras contra las fuerzas de seguridad. Manifestantes acusaron a esas personas de ser agentes infiltrados, aunque la denuncia no quedó acreditada.
La policía respondió con gases lacrimógenos y agua a presión, lo que impidió concluir la lectura del documento universitario.
Las autoridades reportaron 31 detenidos y ocho policías heridos.
El enfrentamiento profundiza la disputa entre el Gobierno de Milei y las universidades, que mantienen su exigencia de recuperar los fondos establecidos por ley.
