Más de 210 mil texanos esperan que el estado procese sus solicitudes de Medicaid, mientras la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas (HHSC) busca recursos adicionales para enfrentar el creciente rezago.
A finales de agosto, otras 150 mil personas esperaban que un trabajador revisara sus solicitudes del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP). Ante esta situación, HHSC pidió a los legisladores convertir 642 puestos temporales de elegibilidad en empleos permanentes.
Las plazas expiran al terminar el actual periodo presupuestario, por lo que Texas podría perder cientos de trabajadores en agosto de 2027.
Medicaid enfrenta una mayor carga de solicitudes
HHSC explicó en su solicitud presupuestaria que las acciones relacionadas con elegibilidad han aumentado significativamente desde 2017. Aunque las solicitudes disminuyeron después del fin de la emergencia por covid-19, la carga laboral no regresó a niveles anteriores.
El volumen de solicitudes entre todos los programas aumentó más de 16%, mientras el personal encargado de determinar elegibilidad creció alrededor de 10% desde 2019.
Diana Forester, directora de política sanitaria de Texans Care for Children, advirtió que perder trabajadores prolongaría el acceso de familias a cobertura médica y alimentos.
Texas también enfrenta mayores costos por SNAP
La presión presupuestaria aumentará por cambios federales aprobados en 2025. La participación federal en los costos administrativos de SNAP cayó del 50% al 25%, lo que obliga a Texas a cubrir 117 millones de dólares adicionales cada año.
El estado podría asumir además más de 700 millones de dólares en beneficios si no mejora la precisión de sus pagos. Para evitar ese gasto necesita alcanzar una tasa de exactitud del 94%.
En el año fiscal 2025, Texas registró 91%, mientras HHSC reconoce que el programa no cumple los estándares federales desde 2019.
Forester considera que mantener personal experimentado resulta fundamental porque el sistema tecnológico de elegibilidad permanece desactualizado y requiere numerosos procesos manuales. Los legisladores deberán decidir en 2027 cómo financiar tanto las plazas como las nuevas obligaciones federales.
