La gobernadora mexicana Marina del Pilar Ávila dejó de figurar formalmente hace 19 días como socia de una empresa que autoridades de Estados Unidos identificaron dentro de una presunta red financiera vinculada al Cártel de Sinaloa.
Registros mercantiles indican que Vida Orgánica Tijuana fue constituida en 2020 con siete socios. Entre ellos aparecían Ávila, su entonces esposo Carlos Torres y Luis Alfonso Torres, hermano de este último. Los involucrados han negado vínculos con organizaciones criminales.
Marina del Pilar salió recientemente del registro
La empresa inició operaciones legales en noviembre de 2020 con un capital social mínimo de 100,000 pesos. Luis Alfonso Torres quedó como gerente general, mientras Juan Manuel Lameiro Camacho figuró como accionista mayoritario.
Una asamblea celebrada en abril de 2023 aprobó una cesión de participaciones mediante donación. Sin embargo, el Registro Público de Comercio asentó la rectificación definitiva de la estructura accionaria hasta el 10 de septiembre de 2026.
Ese documento dejó de incluir a la gobernadora como socia. Los registros citados no permiten corroborar si la modificación accionaria ocurrió efectivamente en 2023 o hasta 2026.
Estados Unidos señala una presunta red financiera
Autoridades estadounidenses señalan a Luis Alfonso Torres como supuesto operador financiero encargado de recolectar sobornos para la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa. También sostienen que Vida Orgánica Tijuana habría servido para canalizar recursos ilícitos.
El Departamento del Tesoro bloqueó los activos de la compañía en territorio estadounidense.
Las autoridades también vincularon a Carlos Torres con Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, jefe de plaza en Mexicali, y sostienen que habría utilizado influencia política para facilitar actividades criminales. En 2025, Estados Unidos canceló las visas de Carlos Torres y Marina del Pilar Ávila.
Carlos Torres rechazó cualquier relación con el crimen organizado. Reconoció su participación en la empresa, señaló que registra ventas mensuales promedio de 570,000 pesos y anunció que buscará aclarar las acusaciones ante Washington.
Un comunicado atribuido al gobierno de Baja California también destacó que Ávila está legalmente divorciada de Torres y que actualmente solo mantienen relación por el bienestar del hijo que tienen en común.
