El Gobierno de Estados Unidos canceló visas a jueces, fiscales, funcionarios y empresarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, dentro de una nueva medida de la administración de Donald Trump dirigida contra personas a las que Washington acusa de corrupción, narcotráfico o acciones contra gobiernos elegidos democráticamente.
El Departamento de Estado informó que las restricciones también pueden alcanzar a familiares directos de los sancionados. La administración vinculó la decisión con Escudo de las Américas, alianza regional impulsada por Trump y formada por alrededor de 15 países.
Visas forman parte de la estrategia regional de Washington
“Bajo la administración Trump, los funcionarios extranjeros corruptos ya no pueden entrar libremente a Estados Unidos”, sostuvo el Departamento de Estado al anunciar las restricciones.
Washington señaló que la política limita la expedición de documentos migratorios a extranjeros que, según sus acusaciones, utilicen actividades de corrupción o narcotráfico para socavar gobiernos elegidos democráticamente.
En Bolivia, la lista incluye al fiscal general Roger Mariaca, al magistrado Israel Ramiro Campero y a otros jueces, fiscales y un empresario. Mariaca enfrentó cuestionamientos por retrasos en casos judiciales cuando ejercía como fiscal de Santa Cruz.
Colombia, Perú y Ecuador también aparecen en la lista
Estados Unidos incluyó a dos colombianos: el empresario energético Euclides Torres y la senadora Martha Isabel Peralta, del movimiento indígena Mais. Torres ha sido relacionado con señalamientos sobre la presunta financiación ilegal de la campaña del expresidente Gustavo Petro.
En Perú, Washington sancionó al juez Juan Carlos Núñez, conocido por una sentencia favorable a Cosco Shipping, empresa china que opera el puerto de Chancay.
El Departamento de Estado también aplicó la medida contra cuatro ciudadanos ecuatorianos, pero no reveló sus identidades.
Las restricciones llegan después de que representantes de Escudo de las Américas se reunieran al margen de la Asamblea General de Naciones Unidas y ratificaran su disposición a adoptar “medidas colectivas”.
La decisión coloca nuevamente el uso de restricciones migratorias entre las herramientas de Washington para ejercer presión sobre funcionarios y actores políticos de América Latina.
