Falso abogado de inmigración condenado en Houston tras estafar a más de cien inmigrantes en Estados Unidos
Condenan a falso abogado por estafar a inmigrantes

Condenan a falso abogado por estafar a inmigrantes

La promesa de regularizar el estatus migratorio se convirtió en un engaño masivo para decenas de familias en Estados Unidos. En Houston, Texas, un tribunal federal sentenció a un hombre que fingió ser abogado de inmigración y defraudó a más de cien inmigrantes en distintos estados del país.

El caso expuso un esquema que operó durante varios años y que aprovechó la vulnerabilidad de personas que buscaban soluciones legales en medio de procesos complejos. Las autoridades federales confirmaron que el acusado nunca contó con licencia para ejercer la abogacía ni con autorización para representar casos migratorios.

Además del impacto económico, la estafa generó consecuencias emocionales y legales para las víctimas, muchas de las cuales confiaron ahorros completos con la esperanza de obtener residencia o ciudadanía. El fraude se extendió más allá de Texas y alcanzó comunidades inmigrantes en varias regiones del país.

Estafa de falso abogado de inmigración

El tribunal condenó a Jesús Carlos Silva a cinco años de prisión federal tras declararse culpable de conspiración para cometer fraude postal y electrónico. Entre 2022 y 2024, cobró entre 10 mil y 15 mil dólares por persona a más de cien inmigrantes, sin realizar trámites reales ante autoridades migratorias.

Asimismo, las investigaciones demostraron que el acusado utilizó giros postales y cheques para recibir pagos y prometió plazos irreales para obtener beneficios migratorios. Las pérdidas económicas superaron los 1.4 millones de dólares, según registros judiciales.

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Alcance nacional y consecuencias legales

Por otro lado, las autoridades confirmaron que las víctimas residían en distintos estados, incluidos Texas, Luisiana, Illinois y Florida. Muchas viajaron a Houston tras recibir citas falsas y explicaciones engañosas que prolongaron el fraude.

La sentencia incluye un periodo de supervisión posterior a la prisión y la obligación de responder por los daños económicos causados. El caso refuerza los llamados oficiales para verificar licencias y credenciales antes de contratar servicios legales migratorios, especialmente dentro de comunidades latinas.

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