La muerte del histórico líder indígena nicaragüense Brooklyn Rivera desató nuevas críticas contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Organizaciones de derechos humanos, familiares y funcionarios internacionales cuestionaron tanto las condiciones de su detención como la decisión de las autoridades de controlar su entierro.
Rivera falleció el 30 de mayo después de pasar 971 días bajo custodia estatal. Sin embargo, las autoridades confirmaron oficialmente su muerte varias horas después, mientras su familia seguía sin información clara sobre su estado de salud ni sobre el lugar donde lo mantenían desde su arresto.
Brooklyn Rivera murió bajo custodia del régimen
Las autoridades mostraron públicamente al dirigente miskito días antes de su fallecimiento en estado grave, con una traqueotomía y múltiples complicaciones de salud. Tras conocerse la noticia, familiares denunciaron que el Gobierno nicaragüense impidió trasladar el cuerpo a Sandy Bay, en la Costa Caribe, donde Rivera quería descansar junto a su madre.
Además, denunciaron que las autoridades organizaron un sepelio acelerado y limitaron la participación de familiares cercanos. La hija del líder indígena, Tininiska Rivera, aseguró desde España que la familia pasó meses sin acceso a información directa sobre su padre. También negó que los allegados acompañaran a Rivera durante sus últimas horas, como sostiene el Gobierno.
Asimismo, la policía retuvo temporalmente a siete familiares y allegados que viajaban hacia Managua para reclamar el cuerpo, según denunciaron personas cercanas al caso.
Organismos internacionales exigen una investigación
La muerte generó reacciones inmediatas fuera de Nicaragua. El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, responsabilizó directamente al régimen por el fallecimiento y calificó la detención como injusta y parte de un patrón de represión política.
Por otro lado, el Grupo de Expertos de Naciones Unidas para Nicaragua expresó profunda preocupación y recordó que el Estado debe realizar una investigación independiente, garantizar una autopsia transparente y devolver los restos a la familia.
Los expertos también advirtieron que el caso refleja un patrón más amplio de violaciones contra comunidades indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe. Además, señalaron que las autoridades todavía no aclaran el paradero de otras personas detenidas arbitrariamente en el país.
