El Parlamento de Nicaragua, controlado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, aprobó este jueves una nueva reforma constitucional que elimina la vicepresidencia y establece la figura de los llamados “designados presidenciales”. La modificación permite a la pareja gobernante nombrar funcionarios y asignarles atribuciones sin establecer límites específicos en la Constitución.
La decisión llega apenas 20 meses después de la reforma que creó la copresidencia y concentró mayores facultades en Ortega y Murillo. Aunque aquella modificación ya había eliminado la función sucesoria de la vicepresidencia, el Gobierno decidió suprimir definitivamente el cargo, en medio de cuestionamientos sobre el futuro del poder político en Nicaragua.
Reforma de Daniel Ortega abre dudas sobre la sucesión
La modificación al artículo 126, aprobada en primera legislatura, establece que la Presidencia podrá nombrar designados presidenciales y determinar sus funciones.
El texto no precisa cuántos funcionarios podrán ocupar estos cargos ni establece requisitos para su designación.
El abogado opositor Juan Diego Barberena considera que la reforma busca reorganizar el poder entre integrantes de la familia gobernante y otros sectores cercanos al oficialismo ante una eventual ausencia del mandatario.
Por su parte, el opositor Félix Maradiaga advierte sobre una posible sucesión familiar, en la que podría participar Laureano Ortega Murillo, hijo de los copresidentes.
Rosario Murillo podría ampliar su control político
El Gobierno justifica la reforma como parte de un nuevo modelo de gestión pública destinado a mejorar la coordinación institucional.
Sin embargo, el exdiputado Eliseo Núñez plantea otra interpretación: los designados podrían asumir responsabilidades territoriales y de seguridad, fortaleciendo la influencia de Murillo sobre distintas regiones.
Estos funcionarios incluso podrían recibir atribuciones superiores a las de algunos ministros, aunque sus nombramientos dependerían directamente de la Presidencia.
La incertidumbre también está relacionada con la limitada presencia pública de Daniel Ortega, de 80 años, cuya última aparición mencionada ocurrió el 2 de septiembre durante un acto del Ejército.
Mientras tanto, Murillo mantiene una presencia cotidiana en los medios oficiales y concentra buena parte de la comunicación gubernamental.
La Constitución establece que, ante la ausencia definitiva de uno de los copresidentes, el otro continúa gobernando. Si ambos faltan, deben convocarse elecciones.
La nueva reforma no modifica expresamente ese mecanismo sucesorio, pero abre la posibilidad de distribuir mayores cuotas de poder mediante nombramientos directos.
