Keiko Fujimori propone nuevas sanciones escolares en Perú
La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, presentó una propuesta para endurecer las normas de convivencia en las escuelas públicas. Las medidas incluyen expulsiones por faltas muy graves, restricciones al uso de celulares y nuevas reglas sobre la apariencia personal de los alumnos.
El anuncio ocurrió el 12 de octubre en el colegio Felipe Santiago Estenos, en Chaclacayo, junto al ministro de Educación, José Antonio Chang. El Gobierno busca combatir el acoso escolar y reforzar la disciplina, aunque los lineamientos todavía deben recibir aportes de la sociedad civil antes de entrar en vigor.
La propuesta clasifica las infracciones escolares en tres niveles: leves, graves y muy graves.
Las faltas leves incluyen distracciones e interrupciones durante las clases. Las graves abarcan el uso indebido de celulares, tardanzas reiteradas, daños materiales y agresiones físicas menores.
Entre las muy graves figuran el acoso escolar, la violencia sexual, la discriminación, las amenazas, las extorsiones y el uso de armas.
Las sanciones van desde amonestaciones hasta suspensiones de tres días, matrícula condicional y expulsión como último recurso.
Las familias podrán solicitar una reconsideración dentro de tres días hábiles, y las escuelas tendrán cinco días para responder.
El ministro Chang explicó que los colegios públicos también restringirían el maquillaje, las uñas pintadas, el cabello teñido o excesivamente largo y las faldas que incumplan las medidas establecidas.
Los celulares quedarían prohibidos durante las clases, salvo autorización docente. Las escuelas privadas conservarían autonomía sobre sus normas de presentación personal.
La iniciativa de Keiko Fujimori surge después de una denuncia de presunta agresión sexual contra un adolescente de 16 años durante un viaje escolar, el 15 de septiembre.
Un juzgado ordenó cuatro meses de internamiento preventivo para seis adolescentes vinculados con el caso. El Gobierno también dispuso reorganizar el Liceo Naval Almirante Guise.
Actualmente, la legislación permite trasladar a alumnos involucrados en hechos violentos a otros centros educativos para recibir acompañamiento pedagógico y psicológico.
Si las nuevas disposiciones entran en vigor, las instituciones públicas tendrán 30 días para adaptar sus reglamentos.
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