Familias migrantes enfrentan citaciones en centro de detención de Texas
Familias migrantes que mantienen procesos legales abiertos en Texas comenzaron a recibir citaciones para acudir a un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), pese a encontrarse en libertad. La medida ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de inmigrantes por el riesgo de arrestos, las dificultades para acceder a representación legal y las posibles consecuencias de no asistir a las audiencias.
Las convocatorias corresponden al Centro Residencial de Familias del Sur de Texas, conocido como Dilley. Desde las elecciones de medio término del 3 de noviembre, abogados y activistas han identificado nuevos casos de personas cuyas audiencias fueron trasladadas desde tribunales de San Antonio hasta estas instalaciones.
Las organizaciones señalan que las citaciones afectan a personas que anteriormente habían cumplido con sus comparecencias judiciales y que, en algunos casos, no cuentan con abogados.
Además, varias familias recibieron avisos con pocos días de anticipación. Algunas deben recorrer largas distancias, incluso desde ciudades como Waco, ubicada a casi cinco horas en automóvil de Dilley.
La situación plantea un problema para quienes enfrentan dos alternativas: presentarse a una audiencia con temor a quedar detenidos o faltar y exponerse a una orden de deportación en ausencia.
Kristin Etter, directora de servicios legales del Texas Immigration Law Council, cuestionó las dificultades económicas, logísticas y emocionales que enfrentan estas familias.
Por su parte, Laura Flores-Dixit, abogada de American Gateways, advirtió que el miedo a una detención puede afectar el ejercicio del debido proceso.
El traslado de audiencias ocurre mientras Dilley enfrenta cuestionamientos por las condiciones en las que permanecen las familias detenidas.
En julio, el congresista Joaquín Castro y otros 111 legisladores solicitaron el cierre de las instalaciones. Denunciaron problemas con los alimentos, el agua, la atención médica y los periodos prolongados de detención, además de afectaciones emocionales entre los menores.
Una venezolana de 30 años relató que su audiencia fue adelantada de 2028 a noviembre de 2026. Aunque pudo salir de las instalaciones, agentes migratorios le colocaron un monitor electrónico en el tobillo y le impusieron restricciones de desplazamiento.
Abogados y activistas identificaron experiencias similares entre aproximadamente 20 personas convocadas. Sin embargo, Etter aclaró que hasta ese momento no conocían casos de familias detenidas como resultado de estas nuevas citaciones.
El ICE confirmó que las audiencias se realizan dentro de Dilley y señaló que el Departamento de Seguridad Nacional trabaja para acelerar las expulsiones migratorias.
Mientras continúan las convocatorias al centro de detención, organizaciones civiles advierten que la incertidumbre está modificando la vida cotidiana de numerosas familias, algunas de las cuales han reducido sus actividades fuera de casa por temor a una separación.
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