Asesinato de exfiscal provoca indignación en Guatemala
El asesinato del exfiscal Juan Francisco Solórzano Foppa, de 43 años, ha provocado indignación en Guatemala y nuevas preocupaciones sobre la violencia contra figuras vinculadas a la lucha anticorrupción. El abogado recibió varios disparos mientras dirigía a un equipo de futbol en un complejo deportivo, en presencia de su hijo.
El crimen ocurrió el sábado, pese a que Solórzano Foppa contaba con protección policial desde 2010. Su trayectoria incluyó investigaciones contra las pandillas y la evasión fiscal, así como enfrentamientos con sectores empresariales y autoridades judiciales. Su muerte representa un desafío para el Gobierno del presidente Bernardo Arévalo.
El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, explicó que el exfiscal pidió a sus escoltas permanecer junto a su hijo mientras se acercaba al campo. Los agentes estaban a una distancia de entre 30 y 40 metros cuando ocurrió el ataque.
Veinte minutos después, las autoridades detuvieron a dos hermanos que circulaban en motocicleta con una carabina oculta en una caja de reparto.
Sin embargo, un juez ordenó liberarlos por falta de mérito. Uno de los detenidos acusó a los policías de colocarles el arma y obligarlos a cambiarse de ropa.
Villeda afirmó que investigarán esas denuncias y mantendrán abiertas todas las líneas relacionadas con el homicidio.
Solórzano Foppa participó en investigaciones contra Barrio 18 y la Mara Salvatrucha, además del caso La Línea, que llevó a prisión al expresidente Otto Pérez Molina.
Entre 2016 y 2018 dirigió la Superintendencia de Administración Tributaria, donde impulsó cobros a grandes empresas, incluido un acuerdo de 100 millones de dólares con Aceros de Guatemala.
Posteriormente enfrentó tres procesos penales durante la gestión de la fiscal general Consuelo Porras. El exfuncionario rechazó las acusaciones y denunció falta de garantías judiciales.
Su historia familiar también estuvo marcada por la represión estatal. Su abuela, la periodista y poeta Alaíde Foppa, desapareció en 1980.
El asesinato ha generado sospechas sobre una posible motivación política, aunque las autoridades todavía no han establecido el móvil.
Exfuncionarios judiciales advierten que esclarecer el crimen será fundamental para evitar mayor deterioro institucional en Guatemala, especialmente ante la proximidad del año electoral.
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