Gobierno de Bukele anuncia revisión de presos e inversión
El Gobierno de Bukele reveló la existencia de una comisión especial que revisa los casos de más de 92,000 personas detenidas durante el régimen de excepción en El Salvador. El mecanismo podría permitir la liberación condicional de aproximadamente la mitad de los encarcelados.
El presidente salvadoreño explicó que el organismo funciona de manera paralela al sistema judicial y a la Fiscalía. Sin embargo, no detalló los criterios legales que utiliza ni cuándo concluirá la revisión.
La comisión analiza los expedientes de personas que tuvieron una participación limitada en actividades relacionadas con pandillas, según explicó el mandatario.
Su hermano Ibrahim había revelado anteriormente que el grupo incluye jueces, fiscales, funcionarios del Ejecutivo y a la primera dama, Gabriela de Bukele.
La existencia de este mecanismo genera interrogantes sobre su fundamento jurídico y su relación con las instituciones responsables de administrar justicia.
Desde enero, los tribunales salvadoreños desarrollan juicios colectivos contra miles de detenidos. Abogados defensores denuncian que estos procedimientos dificultan ejercer una defensa adecuada.
Organizaciones de derechos humanos han documentado más de 500 muertes bajo custodia estatal y denunciado detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas durante el régimen de excepción.
El Gobierno mantiene la medida desde hace cuatro años y medio, mientras sostiene que su estrategia ha reducido significativamente la violencia criminal.
En otro anuncio, Bukele firmó un acuerdo de inversión con el empresario español Enrique Riquelme, representante del Grupo Cox.
El proyecto contempla más de 2,589 millones de euros destinados a infraestructura energética, gas natural, agua y saneamiento.
Según la distribución anunciada, aproximadamente 300 millones de dólares financiarán almacenamiento de energía solar, 1,800 millones infraestructura de gas natural y más de 600 millones proyectos hídricos.
El presidente calificó la inversión como la mayor en la historia salvadoreña y aseguró que contribuirá a reducir las tarifas eléctricas.
Ambos anuncios reflejan dos prioridades del Ejecutivo: mantener su política de seguridad y atraer capital extranjero para impulsar la infraestructura nacional.
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