La carrera política en México suele construirse entre decisiones partidistas y responsabilidades públicas que no siempre avanzan al mismo ritmo. En ese terreno se inscribe la trayectoria de Eliasib Polanco Saldívar, actual dirigente del PRI en Morelos, cuyo historial concentra episodios que han sido señalados de forma recurrente.
Durante la administración priista encabezada por Enrique Peña Nieto, Eliasib Polanco Saldívar logró incorporarse a la estructura federal en un entorno marcado por designaciones internas. En ese contexto fue nombrado delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Campeche, a pesar de no contar con experiencia técnica en el sector de infraestructura. Además, su antecedente inmediato se limitaba a un cargo municipal en Yautepec, Morelos, sin relación directa con el área de comunicaciones.
Reportajes periodísticos documentaron que varias delegaciones de la SCT en ese periodo quedaron en manos de exdirigentes partidistas y perfiles cercanos al poder. De igual manera, el caso de Campeche reforzó la percepción de un sistema de asignaciones basado en lealtades políticas antes que en preparación profesional.
Tras esa etapa federal, Polanco Saldívar accedió al Congreso de Morelos como diputado plurinominal durante la LV Legislatura. Sin embargo, su paso por el Poder Legislativo estuvo marcado por una actividad mínima. Registros ciudadanos mostraron cero aportaciones en rubros clave del trabajo parlamentario, así como bajos niveles de asistencia al pleno y a comisiones. En consecuencia, su desempeño se convirtió en un referente de las críticas hacia representantes que no cumplen con su función sustantiva.
Eliasib Polanco Saldívar y decisiones legislativas bajo cuestionamiento
Uno de los episodios más señalados ocurrió durante el proceso de juicio político contra el exalcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán. Desde posiciones estratégicas dentro del Congreso, Polanco Saldívar participó en los órganos encargados de conducir el procedimiento. No obstante, el caso fue desechado al vencer el plazo legal para dictaminarlo.
La omisión cobró mayor relevancia por los señalamientos de un presunto daño patrimonial superior a 430 millones de pesos. Pese a la gravedad de esa cifra, la Legislatura permitió que el proceso caducara, lo que analistas interpretaron como una renuncia al deber de fiscalización.
También generó críticas su reacción tras el asesinato del alcalde de Uruapan en noviembre de 2025. El posicionamiento emitido fue visto como tardío y alineado al cálculo político, más que a una respuesta genuina frente a la violencia.
Estos episodios consolidaron una percepción de liderazgo desconectado de las urgencias sociales, donde el discurso no logró traducirse en acciones consistentes.
