El Gobierno de José Antonio Kast trasladó a 295 reos hacia el penal La Laguna, en la región del Maule, como parte de una nueva estrategia penitenciaria. El operativo comenzó a las 6.30 de la mañana y movilizó a Gendarmería con apoyo de Carabineros.

Entre los trasladados figuran 37 integrantes de organizaciones vinculadas con el crimen organizado. Las autoridades los ubicaron en módulos de máxima seguridad con vigilancia especial. Los demás internos, considerados de alta peligrosidad, ocuparán áreas de alta seguridad.

Reos quedan bajo controles más estrictos

El Ejecutivo bautizó el procedimiento como Operación Cancerbero y difundió imágenes de los internos sentados en filas, esposados y con la cabeza agachada. Kast monitoreó el despliegue junto con sus ministros de Interior, Justicia y Seguridad.

La puesta en escena recordó operativos carcelarios del Gobierno de Nayib Bukele en El Salvador. Kast visitó ese país en enero y pidió cooperación para conocer su política penitenciaria. También recorrió el Centro de Confinamiento del Terrorismo, cuyo régimen ha recibido denuncias internacionales por posibles vulneraciones de derechos humanos.

Además, el presidente pidió al Congreso fortalecer las herramientas contra el crimen organizado. Entre las propuestas aparecen uniformes obligatorios, restricciones para recibir encomiendas y visitas mediante locutorios.

La Laguna concentra internos de alta peligrosidad

Los prisioneros proceden de cárceles como REPAS, Puente Alto, Colina I y II, Alto Hospicio y Puerto Montt. Kast adelantó que el traslado podría alcanzar unos 400 internos durante la jornada.

El Gobierno ya aplica un régimen especial de máxima seguridad en al menos cuatro prisiones. Algunas medidas obligan a internos considerados peligrosos a vestir chaqueta naranja y pantalón azul.

La Laguna abrió en enero de 2025 durante la presidencia de Gabriel Boric. El complejo se encuentra en Panguilemo, aproximadamente a 10 kilómetros de Talca. Kast reconoció que el proyecto comenzó a planificarse hace 15 años y lo calificó como una política de Estado.

La estrategia busca responder al hacinamiento y al crecimiento de organizaciones como el Tren de Aragua. El traslado inicial dejó a 295 internos bajo nuevas condiciones de seguridad, incluidos 37 vinculados con estructuras de crimen organizado.

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