Orden de libertad por el atentado al Casino Royale
Una resolución judicial ordenó la libertad bajo protesta de José Alberto Loera Rodríguez, alias El Voltaje, y Héctor Javier Montoya Chávez, conocido como La Rana, sentenciados por delincuencia organizada tras el atentado contra el Casino Royale de Monterrey, Nuevo León, que dejó 52 personas muertas en 2011.
La decisión generó preocupación entre familiares de las víctimas, quienes exigen conocer la situación jurídica de ambos hombres y recibir medidas de protección. La orden corresponde únicamente a una causa penal, por lo que no garantiza su salida definitiva de prisión.
Un Tribunal Colegiado de Apelación ordenó la libertad bajo protesta de ambos sentenciados a partir del 4 de octubre, exclusivamente respecto de la causa penal 162/2011.
El tribunal aclaró que podrían permanecer recluidos si enfrentan otros procesos judiciales. También solicitó al juzgado de origen confirmar si recuperaron su libertad.
Loera Rodríguez, exluchador profesional, y Montoya Chávez recibieron condenas de 15 años de prisión por delincuencia organizada.
Según las investigaciones, integrantes de Los Zetas incendiaron el establecimiento el 25 de agosto de 2011, presuntamente porque sus propietarios no pagaron una cuota semanal de extorsión de 130 mil pesos.
El Colectivo 52+2 manifestó su preocupación por la posible liberación de los implicados y denunció que las autoridades no les notificaron previamente la resolución.
Samara Pérez Muñiz, familiar de una víctima, solicitó medidas de protección para el colectivo ante posibles represalias.
Los familiares del atentado al Casino Royale también pidieron a las fiscalías federal y estatal esclarecer el alcance de la decisión judicial.
Además, buscarán una reunión urgente con el fiscal de Nuevo León, Javier Flores Saldícar, y revisarán las opciones legales para impugnar la resolución.
Hasta el momento señalado en las referencias, las autoridades no habían confirmado públicamente si ambos hombres abandonaron los centros penitenciarios.
La incertidumbre sobre el caso del Casino Royale mantiene la exigencia de justicia de las familias, que reclaman información oficial y garantías para ejercer sus derechos como víctimas.
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