Ataque armado contra el presidente municipal de Temoac
Hombres armados asesinaron a Valentín Lavín Romero dentro del ayuntamiento de Temoac, Morelos, durante el mediodía del miércoles. Los agresores ingresaron al edificio municipal, dispararon contra el funcionario y huyeron a bordo de una motocicleta.
Lavín Romero, integrante del Partido Verde Ecologista de México, ya había sobrevivido a un ataque armado a finales de enero. En aquella ocasión, sujetos le dispararon mientras se encontraba en una gasolinera ubicada sobre una carretera.
Con este crimen, 14 presidentes municipales han perdido la vida de forma violenta desde que Claudia Sheinbaum asumió la Presidencia en octubre de 2024.
La Fiscalía General del Estado de Morelos informó que agotará todas las líneas de investigación para determinar el móvil e identificar a los responsables. Hasta el momento, las autoridades no han anunciado detenciones ni establecido públicamente una causa detrás del ataque.
Medios locales habían relacionado previamente a Lavín Romero con presuntos grupos delictivos de la región, aunque ninguna sentencia judicial confirmó esos señalamientos. En septiembre de 2025, autoridades detuvieron a su suegra, extesorera municipal, por supuestos vínculos con Los Aparicio y posibles secuestros.
En marzo, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua pidió investigar al funcionario por su presunta relación con los asesinatos de los activistas Samir Flores y Sandra Rosa Camacho Flores.
Dos meses después, una organización criminal colocó una manta en el centro de Temoac. El mensaje acusaba al presidente municipal de proteger a un grupo rival y le exigía atender sus intereses.
El homicidio ocurrió mientras el Gobierno federal impulsa la Operación Enjambre para desarticular redes de corrupción entre autoridades municipales y organizaciones criminales. Este operativo ha permitido detener a 85 funcionarios en tres estados, incluido Morelos.
Desde 2006, criminales han asesinado a casi 100 presidentes municipales en México. Los gobiernos locales enfrentan mayores riesgos porque cuentan con menos protección y operan en territorios donde grupos delictivos buscan controlar autoridades, negocios y actividades económicas.
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