El fiscal general de Texas, Ken Paxton, presentó una nueva petición judicial contra Houston para impedir que la Policía local reduzca su cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La acción busca invalidar una orden ejecutiva del alcalde John Whitmire, quien decidió restringir las comunicaciones de los agentes municipales con las autoridades migratorias federales.
La disputa ocurre a dos meses del cambio de gobierno estatal, después de la victoria demócrata en las elecciones de medio término. Whitmire anunció el 6 de noviembre que los policías contactarían al ICE únicamente cuando una persona ingresara a prisión por nuevos cargos criminales o tuviera órdenes de arresto relacionadas con delitos.
Ken Paxton recurre a la ley SB-4 contra Houston
La Fiscalía presentó un escrito de 14 páginas ante la Corte de Distrito del Condado de Fort Bend. En él sostiene que la orden municipal contradice la legislación estatal que exige cooperación entre las autoridades locales y federales en materia migratoria.
El fiscal argumenta que la ley SB-4 impide restringir esa colaboración y protege a los policías que decidan participar en operativos migratorios.
La controversia surge después de que la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito permitiera la entrada en vigor de la SB-4 a finales de mayo de 2026.
La legislación autoriza a policías estatales y locales a intervenir en determinados casos de ingreso irregular al país y contempla penas de entre seis meses y 20 años de prisión.
Organizaciones defensoras de inmigrantes cuestionan su constitucionalidad, al considerar que la aplicación de las leyes migratorias corresponde al Gobierno federal.
Houston defiende los cambios en su política migratoria
Entre abril y septiembre de 2026, agentes de Houston realizaron cerca de 200 llamadas al ICE, incluso durante paradas de tránsito y solicitudes de asistencia médica. Según Houston Public Media, al menos 36 personas terminaron directamente bajo custodia federal.
Whitmire explicó que su decisión pretende reducir el miedo y la ansiedad entre los habitantes de la ciudad. Organizaciones de derechos civiles respaldaron el anuncio después de meses de protestas contra la colaboración policial con inmigración.
La oficina jurídica del alcalde informó que vigila la demanda, pero no contempla medidas inmediatas. También señaló que la próxima administración estatal, encabezada por Gina Hinojosa, no pretende impulsar la aplicación de la SB-4.
La concejal Alejandra Salinas criticó la presión de Ken Paxton sobre Houston y defendió las protecciones para las familias inmigrantes.
El fiscal dejará su cargo en enero, cuando el demócrata Nathan Johnson asuma la Fiscalía General de Texas.