Tres integrantes del Consejo de la Ciudad de Houston impulsan una ordenanza para establecer límites permanentes a la colaboración entre el Departamento de Policía (HPD) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La propuesta busca impedir que futuras administraciones modifiquen estas restricciones mediante decisiones unilaterales.
Los concejales Alejandra Salinas, Edward Pollard y Tiffany Thomas presentaron la iniciativa después de que el alcalde John Whitmire anunciara el viernes nuevas restricciones a la cooperación policial con las autoridades migratorias federales.
Buscan convertir las restricciones en una ley municipal
La nueva política establece que los agentes de HPD únicamente contactarán a ICE cuando una persona ya deba ingresar a prisión por nuevos cargos penales u otras órdenes judiciales.
Anteriormente, los oficiales debían comunicarse con las autoridades migratorias al encontrar personas con órdenes administrativas de inmigración y esperar su llegada. En algunos casos, esa espera superaba una hora.
Los promotores utilizarán la Proposición A, una reforma municipal de 2023 que permite a tres concejales incorporar asuntos a la agenda legislativa sin autorización del alcalde.
Además, solicitarán que los informes trimestrales de HPD incluyan las razones de cada ingreso a prisión y especifiquen si las personas involucradas eran víctimas, testigos o sospechosas.
El Consejo de la Ciudad podría revisar la propuesta en diciembre
La discusión ocurre después de varios enfrentamientos entre las autoridades municipales y el gobierno estatal.
En abril, Houston aprobó restricciones similares, pero las retiró cuando el gobernador Greg Abbott amenazó con suspender 114 millones de dólares en subvenciones para seguridad pública.
Entre julio y septiembre, HPD entregó directamente a 17 personas a las autoridades migratorias. Otras 13 enfrentaron cargos penales y fueron trasladadas a la cárcel del condado de Harris, una situación que las nuevas restricciones no modificarían.
Whitmire cambió su postura después de las elecciones de medio mandato y atribuyó esa decisión al nuevo escenario político estatal.
Una vez presentada formalmente la ordenanza, el departamento jurídico municipal tendrá una semana para revisar su legalidad.
Los promotores consideran que el Consejo de la Ciudad podría discutirla en diciembre.