Pacific Coast Energy Co. (PCEC), petrolera con sede en California, comenzó operaciones en Venezuela y prevé duplicar su producción durante los próximos seis meses, hasta alcanzar alrededor de 40,000 barriles diarios.
La compañía asumió durante el tercer trimestre de 2026 la operación de los bloques Delta y Cabimas mediante acuerdos de 25 años con la estatal PDVSA. Actualmente, ambos producen alrededor de 19,300 barriles diarios de crudo pesado.
Inversión de PCEC en Venezuela alcanzará 3,500 millones
PCEC anunció acuerdos estratégicos con Petróleos de Venezuela para invertir unos 3,500 millones de dólares en la reactivación y desarrollo de los dos bloques.
La petrolera ya reactivó más de 50 pozos e incorporó cuatro equipos de perforación para trabajar en 900 pozos de Cabimas, ubicado en el estado Zulia y dentro de la cuenca del Lago de Maracaibo.
En Delta, la compañía comenzó a sustituir las bombas electrosumergibles de 37 pozos. PCEC aseguró que entregó la primera unidad nueva menos de 30 días después de iniciar operaciones, algo que no ocurría en ese bloque desde hacía ocho años.
Petrolera proyecta elevar fuertemente la producción
Los bloques podrían alcanzar entre 150,000 y 160,000 barriles diarios durante más de una década, según las proyecciones de PCEC.
Klaus Hasbo, director ejecutivo de la compañía, afirmó que las primeras inversiones y trabajos de rehabilitación ya muestran resultados superiores a las expectativas. También destacó la colaboración con PDVSA y señaló que la empresa busca participar en la recuperación económica venezolana.
La llegada de PCEC ocurre después de las negociaciones del Gobierno de Delcy Rodríguez con Washington para desarrollar proyectos petroleros y mineros. La administración de Donald Trump busca impulsar nuevamente la industria energética venezolana tras la salida del poder de Nicolás Maduro.
Los activos habían estado relacionados con empresas privadas venezolanas. Delta estuvo vinculado a Petrodelta y la familia Cisneros, mientras Cabimas estaba relacionado con Suelopetrol. Esta última pidió asistencia al Gobierno español en agosto y advirtió que podría recurrir a mecanismos internacionales ante la posible adjudicación de los campos a la compañía estadounidense.
