Un tribunal federal de Texas impuso largas penas de prisión a ocho manifestantes acusados de participar en un tiroteo ocurrido frente a un centro de detención migratoria cerca de Dallas. El caso, que el Departamento de Justicia calificó como un acto de terrorismo, reavivó el debate sobre los límites entre la protesta política y la violencia.
La decisión judicial llegó casi dos años después de los hechos registrados el 4 de julio de 2024 en el Centro de Detención Prairieland. Durante la manifestación, un agente de policía resultó herido por disparos mientras respondía a la situación.
El juez federal Reed O’Connor aseguró que lo ocurrido no podía considerarse una protesta y describió el ataque como una agresión contra las instituciones democráticas. Además, afirmó que era necesario enviar un mensaje disuasorio para evitar incidentes similares en el futuro.
Manifestantes enfrentan condenas de hasta 100 años
La sentencia más severa recayó sobre Benjamin Song, exreservista del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, quien recibió una condena de 100 años de prisión. Los fiscales sostuvieron que fue quien abrió fuego durante los disturbios y alcanzó al agente herido.
Los otros siete acusados recibieron penas que oscilan entre 30 y 70 años de prisión. Según la Fiscalía, todos mantenían vínculos con Antifa, movimiento que la administración de Donald Trump designó como organización terrorista nacional mediante una orden ejecutiva.
Sin embargo, los condenados rechazaron esas acusaciones y aseguraron que participaron en la movilización para expresar apoyo a inmigrantes detenidos en la instalación federal.
Defensa cuestiona la decisión judicial
Los abogados defensores criticaron las sentencias y anunciaron recursos de apelación. Phillip Hayes, representante legal de Song, argumentó que su cliente no tenía intención de herir a nadie y describió los disparos como una reacción durante una situación caótica.
Asimismo, familiares de los acusados realizaron una conferencia de prensa frente al tribunal federal en Fort Worth para denunciar que las penas fueron excesivas.
El caso también generó preocupación entre organizaciones civiles y expertos legales. Algunos consideran que el proceso podría influir en futuras protestas dentro de Estados Unidos, especialmente por el uso de cargos relacionados con terrorismo en hechos vinculados a manifestaciones políticas.
